El consumo de películas, series, música y videojuegos en el hogar ha cambiado a ritmo vertiginoso en pocos años. Los reproductores en formato físico pasaron a la prehistoria, pues hoy en día el acceso a este tipo de servicios de entretenimiento es inmediato. De hecho, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del IFT, en México existen 8.9 millones de suscriptores a servicios de streaming con costo.
Sin embargo, la piratería de películas y CDs piratas, también ha evolucionado y han tomado forma de páginas ilegales de streaming que quieren hacerle frente a las legales, lo cual se ha acentuado durante el confinamiento provocado por la pandemia por coronavirus.
Elsa Morales, consultora de servicios jurídicos de ClarkeModet, compañía enfocada a la gestión estratégica de servicios de Propiedad Industrial e Intelectual, asegura que este mercado le provoca al cine pérdidas de cinco billones de dólares anuales: “Un ejemplo reciente de streaming ilegal fue la filtración de la cinta Avengers end Game, en 2019 que, tras su estreno en China, algún espectador la subió a internet, y pese a ser una grabación de muy baja calidad eso no impidió que fuera descargada de manera ilegal en todo el mundo”.
Durante 2019, en México, se reportaron pérdidas por 110 millones de dólares, por lo que la piratería le cuesta al país 2.1 millones de dólares de ingresos perdidos anuales, lo que convierte a nuestro país en una de las cinco principales naciones consumidoras de streaming ilegal, lista encabezada España, Francia, Italia y Estados Unidos.
El consumo de este tipo de contenido es alarmante pues parte de la cuestión radica en el desconocimiento. La consultora jurídica asegura que 5 de cada 10 usuarios en México no saben distinguir cuándo se trata de una plataforma que infringe los derechos de autor y cuándo no. Y en este sentido, no solo las plataformas para ver películas o series están siendo afectadas, también los servicios legales de música y videojuegos han tenido un impacto importante a raíz de esta situación.
De hecho, una de las formas más populares para infringir derechos de copyright es el streaming ripping, que se basa en la descarga de música ilegal, pues el 32% de los amantes musicales lo hacen, mientras que el 23% descargan música por cyberlockers (servicios de almacenamiento de archivos en la nube- y el 17% solo localizan o realizan búsquedas para localizar contenido sospechoso.
Ahora bien, en esta batalla no todo está perdido, pues existen formas para proteger los derechos de autor de los contenidos streaming, ya sea como medidas preventivas o correctivas. En el caso de la preventivas, éstas tienen la ventaja de evitar que los contenidos sean distribuidos de forma ilegal. Basta registrar las obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o mediante su Protección por Blockchain, tecnología mediante la que se crea un registro consensuado y distribuido que genera una huella digital en los documentos, con el fin de evitar que cualquier contenido sea utilizado de manera ilegal.
En cuanto a las medidas correctivas, estas sirven para saber qué hacer en el caso de que el contenido llegue a manos equivocadas y se distribuya de forma ilegal, e implican un monitoreo y broadcast por parte de un grupo de expertos, quienes, mediante el uso de keywords identifican de manera efectiva el contenido ilegal en cualquier plataforma que se consuma y eliminarlo.
Al respecto, Elsa Morales comentó que se trata de un servicio de inteligencia artificial que pocas compañías en el rubro de la propiedad intelectual pueden ofrecer hoy, pero que representa una gran ventaja para proteger una innovación.
Las redes sociales también pueden funcionar como un gran aliado para las marcas, pues, por ejemplo, gracias al avance tecnológico y de comunicación, a través de dichas redes se han logrado eliminar 194,165 videos y usuarios que comparten enlaces con contenido ilegal.
Nadie puede negar que la pandemia ha expuesto áreas de oportunidad en todas las industrias del entretenimiento vía streaming en las que es necesario trabajar, sin embargo, también ha permitido poner en evidencia la necesidad de acoplar los mecanismos jurídicos con herramientas tecnológicas actuales para poder combatir su uso ilegal.