La Anatel presentó observaciones críticas a la nueva Ley de Telecomunicaciones ante el Senado, alertando sobre riesgos regulatorios, jurídicos y técnicos que afectarían la competencia, inversión y calidad del servicio.
- La iniciativa permitiría asignación de espectro sin pago a entes públicos, generando competencia desleal.
- Se contempla un enfoque punitivo con sanciones de hasta el 6% de ingresos brutos anuales.
- Falta claridad sobre neutralidad de red, uso de datos y responsabilidades operativas.
Ciudad de México, 12 de mayo de 2025.— La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) presentó al Senado de la República una serie de comentarios sustanciales sobre la nueva iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto, promovido por el Ejecutivo Federal el pasado 23 de abril, fue abierto a consulta por la Cámara Alta para recibir posturas de especialistas y actores del sector.
El posicionamiento de la Anatel se alinea con el objetivo de contar con una legislación moderna, pero advierte que varios puntos de la propuesta generan incertidumbre jurídica y operativa para operadores, inversionistas y usuarios. “Una buena ley debe fomentar la competencia, la inversión sostenida y ofrecer certidumbre a todos los actores”, expresó el organismo.
Preocupaciones clave del sector
Asignación directa de espectro: una ventaja desequilibrada
Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de asignar espectro radioeléctrico de manera directa y sin contraprestación económica a entidades públicas (artículos 56 al 58). Esto representaría una ventaja competitiva desleal frente a empresas privadas que han invertido miles de millones de pesos en infraestructura y licencias.
Riesgo de cancelación arbitraria de concesiones
La iniciativa plantea que las concesiones vigentes podrán mantenerse “salvo que el Ejecutivo determine lo contrario”. Esta redacción introduce un riesgo jurídico relevante, pues abre la puerta a la suspensión discrecional de títulos previamente otorgados.
Ausencia del principio de gestión de tráfico
La neutralidad de la red es otro elemento afectado. El texto actual omite referencias al principio de gestión de tráfico (artículo 107), lo que podría limitar la capacidad técnica de los operadores para optimizar los servicios y proteger a los usuarios de congestión o ciberamenazas.
Servicios gratuitos en sitios públicos sin lineamientos claros
El artículo 80 plantea ofrecer servicios gratuitos de conectividad en espacios públicos, pero deja la definición de su implementación a decisiones unilaterales de la Agencia, sin criterios técnicos o financieros claros, lo cual puede generar sobrecostos y dificultades operativas.
Sanciones desproporcionadas
En el artículo 266 se establecen sanciones económicas que llegan hasta el 6% de los ingresos brutos anuales del concesionario, el doble de lo previsto anteriormente. La Anatel alerta que este enfoque punitivo puede inhibir la inversión y penalizar excesivamente a operadores por fallas administrativas o técnicas menores.
Temas técnicos y operativos
Interconexión sin criterios técnicos definidos
La iniciativa contempla permitir la interconexión a actores no definidos, incluidos entes públicos y redes comunitarias. Según Anatel, esto podría comprometer la estabilidad técnica de las redes, ya que no todas las arquitecturas son compatibles, lo que genera riesgos de seguridad e interoperabilidad.
Registro de usuarios móviles: entre duplicidad e invasión a la privacidad
El artículo 160 establece que los concesionarios deberán gestionar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Sin embargo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna esta función a la Agencia de Transformación Digital, lo que genera una duplicidad operativa. Además, la GSMA ha documentado que medidas similares en otros países han fallado por violaciones a la privacidad y problemas logísticos.
Instalación de bloqueadores en penales: indefinición peligrosa
En cuanto a la instalación y mantenimiento de bloqueadores de señal en centros penitenciarios, la redacción es ambigua y podría trasladar responsabilidades críticas de seguridad a las empresas. La industria insiste en que esa tarea debe permanecer bajo control del Estado, por la sensibilidad de la operación.
Soterramiento de infraestructura: viabilidad cuestionada
El proyecto obliga al soterramiento de infraestructura existente. No obstante, Anatel destaca que este proceso solo puede hacerse de forma gradual y bajo condiciones específicas: coordinación entre niveles de gobierno, financiamiento público para obras civiles, facilidades administrativas y la participación activa de los usuarios en la extensión del cableado hacia sus inmuebles.
Urgencia por certidumbre institucional
Uno de los aspectos más sensibles es la transición de funciones que actualmente realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hacia una nueva Agencia. Para Anatel, esta transición carece de claridad en cuanto a trámites, procesos y responsabilidades técnicas, lo que pone en riesgo el funcionamiento eficiente de un ecosistema que atiende a más de 130 millones de líneas móviles activas en México.
“Es fundamental garantizar una ejecución coordinada entre autoridades y operadores. La fragmentación o duplicación de funciones puede traducirse en servicios más lentos, caros o inseguros para los usuarios”, advierte el documento.