En México urge una ley de pagos a 30 días. Los que tenemos negocios o somos emprendedores, necesitamos algo así. Es abusivo que las grandes compañías normalicen pagar a 60, 90 o hasta 120 días (yo tengo una factura con más de dos años, ustedes dirán).
La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) presentó en el Senado la propuesta de Ley de Pago en 30 Días, que busca establecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban el pago por sus productos y servicios.
Hay muchas empresas que financian su operación a costa de sus proveedores al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días o más. Eso sin sumar que para la mayoría de ellos el plazo inicia cuando ingresa la factura, ¿y saben cuando pasa eso? Cuando termina una campaña, en el caso de publicidad. Si eres nuevo proveedor o hay que realizar proceso previos, los plazos para que te paguen pueden irse sin problemas a los 4, 5, 6, e incluso más meses.
El problema se da tanto en el sector público como en el privado. Las grandes empresas dado su factor dominante ponen las condiciones, y los proveedores, usualmente MyPymes, tenemos poco poder de negociación y terminamos aceptando esas condiciones tan gandallas.
De acuerdo a información del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 52% de las empresas en economías emergentes deben cerrar debido a problemas económicos, destacando la falta de liquidez. La Ley de Pago a 30 Días busca atacar este problema.
Uno de los principales puntos que propone la Ley es que sea de carácter general, es decir, que se aplique a todas las empresas en México (micro, pequeñas, medianas y grandes) y al sector público. Esto para no generar asimetrías y promover un círculo virtuoso para cobrar y poder pagar a 30 días.
Para el sector privado se propone un plazo máximo de pago de 30 días naturales a partir de la recepción de la factura, aunque durante los primeros 12 meses a partir de su entrada en vigor, el plazo sería de 60 días corridos a fin de ajustar el mercado y las cadenas de pago.
En caso de incumplimiento del plazo de pago, se podrían aplicar comisiones a favor del proveedor por cada día de retraso y una multa sobre saldo insoluto que la empresa deudora tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el sector público el plazo máximo de pago sería también de 30 días naturales desde la recepción de factura, salvo excepciones legales, en bases de licitación y contratación directa. También habría sanciones administrativas para el funcionario público encargado del servicio que no cumpla con los plazos de pago.
De acuerdo a datos de la OCDE, aquellos países que han implementado políticas para reducir plazos de pago a proveedores registraron un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) y mejoran sustancialmente el entorno para hacer negocios.
Siguientes pasos
El objetivo es que este año se logre su aprobación en el Legislativo y la promulgue el Ejecutivo. Los siguientes pasos con que la ASEM y la bancada en el Senado proemprendimiento convoquen a diferentes organismos empresariales para recopilar sus observaciones e incorporarlas a la propuesta.
Su elaboración requiere revisar los Artículos 5°, 25 y 28 de la Constitución, así como otras seis leyes generales, entre ellas el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
La ASEM convocó a emprendedores y MIPYMES para que firmen la iniciativa publicada el día de hoy en Change.org: Apoya #LeyPago30Días – Empresas y gobierno paguen en 30 días a emprendedores y MIPYMES y a que cuenten en redes sociales su experiencia con plazos de pagos con el hashtag #LeyPago30Días.
