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Internet para todos, ¿es posible?

¿Será suficiente una legislación para lograr el acceso a Internet?
¿Será suficiente una legislación para lograr el acceso a Internet?

Un artículo publicado por Ernesto Piedras y Diana Fernández del Campo relata la adopción de la banda ancha como un derecho fundamental. El tema en su médula debe ser el cumplimiento, acceso a la tecnología y la sensibilidad del precio, aseguraron.

¿Será suficiente una legislación para lograr el acceso a Internet?
¿Será suficiente una legislación para lograr el acceso a Internet?

Los analistas de The Competitive Intelligent Unit (CIU) explicaron que la ONU declaró en el 2011 el acceso a Internet como un derecho humano. Finlandia fue la primera nación no sólo en ratificar la postura, sino en denominar una cantidad y precio, la cual es 1 Mbps a una tarifa al alcance de la mayoría de sus ciudadanos.

Dicha postura nos deja en claro algo que sigue volando en las legislaciones del orbe, establecer la velocidad mínima y si dicho servicio debe ser gratuito, subsidiado o con un pago específico por localidad.

Explican que en México la adopción ha tenido en lento avance: “Al cierre de septiembre de 2012, la banda ancha fija alcanzó 14.8 millones de conexiones, que representan un crecimiento anual de 14%. No cabe duda que este segmento presenta un elevado dinamismo, con tasas de crecimiento de dos dígitos; aunque a pesar del crecimiento observado, éste se ha reducido considerablemente en periodos recientes. Además, al analizar los niveles de penetración del servicio vemos que existen apenas 12.9 conexiones por cada 100 habitantes”.

En contraste, 23.3% de líneas móviles son usadas a partir de teléfonos inteligentes, de los cuales, 10.2 millones de usuarios tienen contratado un plan de datos (50% de dicho porcentaje). Considerando los números, hay más personas conectadas por un smartphones que por una PC de escritorio, lo que ratifica lo dicho en otras ocasiones: impulsar el descenso de la brecha digital mediante teléfonos y tabletas inteligentes.

Ernesto Piedras y Diana Fernández apuntaron que el “Pacto por México” contempla convertir estos servicios en un derecho constitucional. “La inclusión de un derecho en la Constitución no implica su efectiva aplicación, todavía faltan medios de acceso como dispositivos y una política sectorial específica para lograr la conectividad efectiva… el concepto de ‘precios accesibles’ debe regir por encima de todas las condiciones específicas para permitir el acceso a todos aquellos desconectados que aún no pueden pagar por el servicio.”